El 11 de septiembre entró en vigor el Protocolo de Cartagena, el primer acuerdo internacional que rige la transferencia, manejo y uso de organismos vivos modificados por medio de la biotecnología moderna. Se espera que el tratado fomente el uso seguro de transgénicos, tema que despierta una encendida polémica global, liderada por Estados Unidos y Europa.
Adoptado en 2000 por los miembros de la Convención sobre Diversidad Biológica, el tratado busca un comercio internacional de transgénicos más transparente, a través de medidas de seguridad acordes con las necesidades de consumidores, industriales y, en particular, con el medio ambiente.
El objetivo es descartar potenciales conflictos entre las leyes de comercio y el régimen de bioseguridad global, según explica una guía sobre el protocolo ofrecida por la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).
El proceso de conciliar intereses legítimos del comercio, la bioseguridad y otros no ha resultado fácil. Existe una agria disputa entre quienes ven en la biotecnología el camino hacia la seguridad alimentaria, y aquellos que aducen razones éticas, ambientales, sociales y de salud al intentar poner un coto a la biotecnología moderna.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) emitió en marzo de 2000 la Declaración sobre Biotecnología, donde sostiene que esta ciencia ofrece instrumentos poderosos para el desarrollo sostenible de la agricultura, la pesca y la actividad forestal, así como de las industrias alimentarias.
La Red de Cooperación Técnica en Biotecnología Vegetal (REDBIO), de FAO, compuesta por 570 laboratorios en 32 países, aboga por mantener y reforzar la investigación biotecnológica, incluidos los cultivos transgénicos, a la vez de fijar las normas de bioseguridad necesarias para evitar daños a la salud y el medio ambiente.
Entretanto, grupos ambientalistas, como Greenpeace consideran que la riqueza biológica de los cultivos tradicionales es una herencia mundial amenazada por la contaminación genética. Y responsabilizan a transnacionales de la biotecnología, como Monsanto, el mayor productor de semillas del mundo, de presionar a los gobiernos de muchos países para descartar mecanismos de control sobre los transgénicos.
Estados Unidos y la Unión Europea (UE) protagonizan la polémica. En julio pasado, el Parlamento Europeo adoptó una ley que obliga a los productores de alimentos genéticamente modificados a etiquetar sus productos para conocimiento del cliente.
La medida deberá ser ratificada por cada uno de los países miembros de la Unión Europea, pero fue percibida como la primera señal de un posible levantamiento de la prohibición de comercializar transgénicos en el bloque comunitario.
Estados Unidos y otros países productores de OGM, incluidos latinoamericanos como Argentina, demandaron ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) la suspensión de la prohibición a la venta de esos alimentos en el territorio de la Unión Europea, impuesta en 1999.
En junio de 2003 la República de Palau se convirtió en el Estado número 50 en ratificar el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, lo que permitió su entrada en vigor. La primera reunión de la Conferencia de las Partes que han ratificado el Protocolo tendrá lugar en Kuala Lumpur, Malasia, en febrero del 2004.
Conclusión
A lo largo del trabajo se analizó el Protocolo de Cartagena, y algunas disposiciones que necesitan ser implementadas por los Estados Partes. A lo largo del trabajo se demostró que este tratado tiene el potencial de ser implementado, sin embargo requiere de amplios recursos financieros para cumplir con tal cometido. Por ejemplo: a) Los Estados necesitan instalaciones modernas para realizar los estudios de riesgo requeridos para la toma de decisiones; b) Personal capacitado es requerido para llevar a cabo el estudio de riesgo, y c) Capacidad técnica es indispensable para monitorear los OVMs. Lógicamente, en esta época de desaceleración económica mundial, la implementación del Protocolo es una tarea difícil de alcanzar, voluntad política, planeación a largo plazo y disponibilidad de fondos internacionales jugarán un papel importante en la implementación de este Acuerdo y en la conservación de los recursos naturales mundiales.
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